Esta línea de acción pretende fortalecer el acceso a la justicia de la población reclusa. Por ello, se prestan servicios de representación y asesoría jurídica en los establecimientos carcelarios. Con tal fin se abordan temas relacionados con la solicitud de subrogados penales, beneficios administrativos, otorgamiento de libertades y elaboración de conceptos jurídicos, entre otros.